Los socialistas calonginos han forzado la constitución de una mesa de trabajo para que el Ayuntamiento incremente el número de contratos con las Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo y conseguir así una mayor inserción laboral de calongines con discapacidades o en situación de vulnerabilidad . El PSC presentó en Comisión Informativa previa al Plenario una moción para pedirle al gobierno del municipio que aplicara la reserva de contratos por Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. Sin embargo, la moción quedó sobre la mesa porque el gobierno de la ciudad se comprometió en Junta de Portavoces a crear un grupo de trabajo que implemente la reserva de contratos para el presupuesto municipal de 2020.
“Calonge y Sant Antoni es un municipio eminentemente turístico con alta estacionalidad de la ocupación, donde el sector servicios (principalmente vinculados al turismo) tiene un peso por encima del 80% sobre la actividad económica del pueblo. El paro registrado en Calonge y Sant Antoni tiene unas variables de volatilidad y precariedad extremadamente marcadas” ha explicado Arturo Prades, concejal socialista. "La tipología de nuestra economía, su estacionalidad, o la volatilidad de la misma hacen que sea necesario trabajar en herramientas para mejorar las oportunidades de empleo en aquellos sectores y/o perfiles de personas desempleadas más vulnerables" ha añadido el portavoz socialista. Los socialistas destacan que en Calonge y Sant Antoni más del 33% de los demandantes de empleo lleva más de 12 meses en paro y el 22% más de 24 meses en esta situación.
En concreto, la moción de los socialistas proponía que el Ayuntamiento hiciera un listado detallado de todos los contratos y servicios contratados -con las fechas de vencimiento de las licitaciones y de las posibles prórrogas contempladas en los contratos- así como de las obras pendientes de licitación , con indicación del precio total del contrato; que se convocara la mesa de contratación con representantes de todos los grupos municipales para reservar un 10% de los contratos que representen un 10% del coste total. También, que se llevara a aprobación la ordenanza reguladora de cláusulas sociales para el fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad con especiales dificultades, por medio de la contratación pública socialmente responsable, lo antes posible; y, por último, que con la liquidación del presupuesto se incluyera de forma anual un informe acreditativo del grado de cumplimiento de los contratos reservados y de las licitaciones con cláusulas sociales.
“La contratación de las administraciones públicas se encuentra regulada en la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, reconociendo que el empleo contribuye a la inclusión en la sociedad y es un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. El Estado también legisló sobre la reserva de contratos en el 2017 con la ley de Contratos del Sector Público, donde se establecía que incluir criterios sociales y reservar contratos es obligatorio -e incluso ilegal no hacerlo-. La legalidad catalana sobre el tema establece que “los contratos reservados son una figura legal de la contratación pública mediante la cual se “limita la participación” a las Empresas de Inserción ya los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, lo que implica que únicamente podrán ser admitidas o resultar adjudicatarias de una licitación estas dos tipologías de empresa”, ha explicado Arturo Prades.
“Cuando una Administración Pública califica un contrato como reservado, excluye a otros tipos de entidades, garantizando un beneficio inmediato, ya que al recaer la adjudicación en un CEO (Centro Especial de Empleo) o en una EI (Empresa de Inserción) se favorece de forma directa el empleo de las personas con discapacidad o de las personas socialmente desfavorecidas. Según la ley vigente, todas las entidades del sector público están obligadas a calificar como reservados un porcentaje mínimo de sus contratos públicos, que tendrán que ser adjudicados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social ya Empresas de Inserción” ha explicado Prades.
Por otra parte, el PSC también ha arrancado el compromiso del gobierno de Calonge de realizar una ordenanza de cláusulas sociales y medioambientales en un máximo de 6 meses."De esta manera, todos los grupos municipales participaremos del proceso y podremos trabajar con más calma y con un espacio de tiempo razonable para hacer la mejor ordenanza por el municipio" ha concluido Prades.